MADRID. El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, eludió ayer aclarar si la semana pasada declaró la independencia de esa comunidad autónoma, como le requirió el Ejecutivo español, que le emplazó a volver a la legalidad antes del próximo jueves o en caso contrario tomará medidas.
El 10 de octubre Puigdemont compareció en el Parlamento regional, donde dijo “asumir” los resultados del referéndum soberanista ilegal del 1-O, en el que con una participación en torno al 43 % algo más de dos millones de catalanes apostaron por convertir su comunidad en una república independiente de España.
Esa confusa declaración llevó al Gobierno español que preside Mariano Rajoy a requerir formalmente al líder catalán que aclarase si realmente declaró la independencia o no, algo que Puigdemont no ha hecho ayer, fecha del primer plazo, en una misiva enviada al Gabinete.
En su carta Puigdemont evita pronunciarse sobre la petición de Rajoy y pide al Gobierno central “dos meses” para dialogar y negociar una salida política a lo que considera contencioso entre Cataluña y el Estado.
“No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted (Puigdemont) denomina ‘conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña”, respondió Rajoy de forma inmediata, también por carta.
“Nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática”, añade la misiva.
Por su parte, Puigdemont hizo hincapié en que los efectos del “mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre” están “suspendidos” porque su “voluntad” es “encontrar la solución y no el enfrentamiento”.
La indefinición del presidente catalán no ha satisfecho al Gobierno español que, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió ayer mismo dar una respuesta “clara” antes del 19 de octubre (fecha del segundo plazo del requerimiento citado) para acabar “con la incertidumbre” de los ciudadanos.
Si no hay respuesta convincente el Ejecutivo de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que le faculta para asumir directamente competencias que hasta ahora ejerce el Gabinete catalán.
En su carta, Rajoy advirtió a Puigdemont de que éste será “el único responsable de la aplicación de la Constitución”, en referencia a su artículo 155.
En este punto el Gobierno español tiene el respaldo del primer partido de la oposición, los socialistas del PSOE, cuyo portavoz, Óscar Puente, calificó ayer de “inadmisible” la respuesta de Puigdemont y dijo que si se aplica el artículo 155 será el presidente regional su único responsable.
“El diálogo es fácil y es posible. Los cauces están”, subrayó el
portavoz socialista, para quien basta con acudir al Congreso de los
Diputados y con “sentarse” en la comisión para la reforma de la
Constitución que se abrirá en los próximos meses.
Este cruce de declaraciones tuvo lugar en una jornada en la que
la jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela envió a
prisión sin fianza a los líderes de las organizaciones
independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural,
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por el delito de
sedición.
La magistrada los acusa de “promover” el 20 de septiembre el
asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de
policía judicial) permanecieron casi 24 horas encerrados en la
Consejería de Economía catalana en un registro vinculado a los
preparativos de la consulta ilegal.
Sin embargo, dejó en libertad al jefe de la Policía regional
catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluis Trapero, acusado también
de un delito de sedición, aunque le retiró el pasaporte y le
prohibió salir de España.
La magistrada dictó las mismas medidas cautelares para la
intendente de la policía regional catalana, Teresa Laplana, para
quien la Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de
40.000 euros. EFE
