SANTO DOMINGO. La grave situación de las víctimas de torturas en México y las muertes que se registran en Nicaragua durante protestas populares, dominaron ayer las audiencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que se celebran en la República Dominicana.
El tema de las torturas en México concitó las denuncias de testigos, quienes presentaron casos de familiares y allegados a quienes les han violado sus derechos humanos, al ser víctimas de maltratos y negación de justicia.
Austreberta Casales, madre de víctima de tortura, dijo que su hija lleva casi 7 años en prisión preventiva, debido a que las autoridades judiciales han alargado indebidamente su proceso penal. Narró que su hija fue detenida por la Policía Federal en 2011, torturada física, psicológica y violada sexualmente para que se declarara culpable de secuestro. Al igual que Casales presentaron casos Gerardo Garduño Escobar y Federico Rodríguez.
A ellos se sumaron las representantes de la sociedad civil Nancy López y Florencia Reggiando, quienes explicaron que en su nación los defensores de víctimas de torturas son presentados como abogados y defensores del crimen organizado. Aseguraron que hay una tendencia creciente en México de estigmatizar a las víctimas de tortura y sus defensores, y abogaron por acelerar los casos en los tribunales.
Una vez concluido el turno de los peticionarios, la representación del Estado mexicano integrada por Rafael Avante Juárez y Miguel Ruiz Cabañas, manifestó que no persiguen a defensores de los derechos humanos sino a perpetradores de delitos. Se comprometieron a continuar trabajando para viabilizar la labor de los defensores.
La presidenta Margarette Macaulay pidió al Estado de México respetar el debido proceso, sin importar el delito, así como proteger la identidad de las personas detenidas antes de tener una sentencia.
Aunque no estaba en agenda, la Asociación Nicaragüense en pro de los Derechos Humanos aprovechó el escenario para denunciar que 59 personas han sido asesinadas en Nicaragua por parte del Estado. El presidente de la audiencia, Luis Ernesto Vargas Silva, precisó que el tema no formaba parte de la agenda, pero Antonia Urrejola, comisionada, aseveró que la CIDH está muy pendiente de lo que sucede en Nicaragua.
La situación de derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores en México también fue abordada. La sociedad civil destacó la problemática de mayores en abandono que por enfermedad son internados en hospitales públicos y no pueden ser dados de alta por no contar con lugar a donde ir. También se trató el problema de la violación y criminalización de defensores ambientales en Nicaragua y el derrame de petróleo en Perú.
