SANTO DOMINGO. El tema de la despenalización del aborto encendió ayer las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuyo escenario aprovechó la presidenta del organismo para defender el derecho que tiene la mujer a decidir si quiere o no tener hijos.
Margarette May Macaulay proclamó que cuando una niña es violada por un pederasta y luego es procesada por incurrir en un aborto, se trata de “una abominación”. Los pronunciamientos de la representante de la CIDH se produjeron cuando se conocía el tema del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en la Argentina.
Ante la plenaria, Macaulay precisó que las mujeres tienen derecho a decidir si desean tener hijos y que corresponde al Estado garantizar ese derecho, muy especialmente a las niñas y adolescentes. También el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abräo, destacó que el Estado argentino está en la obligación de revisar sus normas y políticas públicas para eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres.
En la audiencia la sociedad civil pidió a la CIDH que acompañe el proceso legislativo que sobre la despenalización del aborto está en curso, con el propósito de lograr que la ley garantice su legalidad y pueda ser incluido en el sistema público de salud. Revelaron que en Argentina cada 3 horas, una niña de 10 a 14 años se convierte en madre, muchas veces como resultado de pobreza, exclusión, falta de educación sexual y falta de acceso a un aborto legal. Aducen además que 2 de cada 10 muertes maternas son causadas por abortos clandestinos, por lo que legalizar esa práctica es un imperativo de derechos humanos.
Sobre el tema, los representantes del estado argentino aseguraron que trabajan para que todas las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales previstas por la ley, en todas las provincias. Algunas causas de aborto son legales desde 1921.
Afirmaron que corresponderá a los representantes del pueblo en el Congreso decidir si despenalizan o no el aborto, y que en los debates todos los sectores son escuchados. En junio culminará la recepción de propuestas sobre el tema.
Los casos de desaparición forzada, violaciones a los derechos humanos y alegada falta de seguimiento al acuerdo de paz en Colombia fueron conocidos ayer por la CIDH.
Los representantes de la sociedad civil de esa nación expresaron su preocupación por los altos niveles de violencia contra algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la falta de seguimiento al acuerdo de paz, que conlleva una serie de normativas y leyes que no han sido aprobadas.
Destacaron que existe voluntad del gobierno en busca de la paz, pero consideran que se necesita avanzar todavía más.
A esos señalamientos, la representación del gobierno de Colombia en la reunión dijeron que se está trabajando en diversos proyectos de leyes para complementar el acuerdo de paz.
Sostienen que se han adoptado medidas para garantizar la seguridad ciudadana.
«Las autoridades colombianas están compro- metidas con los principios de verdad, justicia y reparación» afirmaron los representantes del estado de Colombia.
En la República Dominicana también el tema del aborto es objeto de discusión, con sectores a favor y otros en contra de su despenalización. Actualmente se encuentra bajo estudio de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley del Código Penal, aprobado en el Senado, el que establece el aborto. La lucha contra el aborto las encabezan las iglesias.
