AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Aunque hay bastante demanda de construcción en la capital de Texas, la compañía de paneles de yeso de Oscar Martínez de pronto comenzó a tener problemas.
Un tercio de los cerca de 20 empleados que Martínez usa para construir casas nuevas e instalaciones comerciales recientemente se han ido del estado, asustados por la política migratoria intransigente del gobierno de Donald Trump y por la dura “ley contra las ciudades santuario” aprobada el mes pasado por la Legislatura de Texas, controlada por republicanos.
“Afectó bastante, ya que mis trabajadores comenzaron a escuchar historias alucinantes sobre deportaciones, y les entró el pánico”, dijo Martínez, quien depende de inmigrantes sin autorización para realizar su trabajo y no ha podido hallar quienes los reemplacen y hagan su trabajo pesado y preciso.
“Los estadounidenses que contrato no aguantan más de medio día en este trabajo”, dijo Martínez.
Temores parecidos han sacudido varios sectores de la economía estadounidense. En la mayoría de los casos, expertos en economía y demografía dicen que todavía no se puede cuantificar el efecto general de la escasez de mano de obra provocada por los temores migratorios, pero hay muchas evidencias anecdóticas.
“Personas en las industrias de agricultura, construcción y servicio me han contado sobre la desestabilización de la fuerza laboral en Texas y en el país”, dijo Ali Noorani, director general del Foro Nacional de Inmigración, organización defensora de los derechos de inmigrantes con sede en Washington. “Definitivamente está ocurriendo en estados que están considerando significativas políticas de aplicación de leyes”.
Texas es un estado conservador y tiene una de las más grandes poblaciones de inmigrantes sin autorización. La nueva ley de Texas ha exacerbado los temores generalizados entre los inmigrantes, ahora que las políticas de inmigración están más estrictas en todo el país bajo el gobierno de Trump.
Oponentes la han llamado ley “muéstrame tus papeles” porque permite que la policía pregunte el estatus migratorio a cualquier persona que paren y les pide que los entreguen a las autoridades federales de inmigración cuando éstas se lo pidan. Los agentes del sheriff y otros policías que no cumplan con esta ley podrían ser acusados de cargos criminales y despedidos. Sus departamentos también ser multados. La ley está dirigida a las llamadas ciudades santuario, término sin definición legal que en general se refiere a jurisdicciones donde la policía tradicionalmente ha evitado asumir el papel de agentes federales de inmigración.
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