ROMA. Italia dio hoy ayer verde a una misión naval con la que se adentrará y patrullará las aguas territoriales de Libia junto a las autoridades locales, con el objetivo de combatir a los traficantes de personas y controlar así el flujo migratorio.
La resolución del Gobierno de Paolo Gentiloni que establece esta misión fue aprobada en la Cámara de los Diputados y el Senado por la mayoría que sustenta al Ejecutivo de coalición, que lidera el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), y por Forza Italia, la formación de Silvio Berlusconi, pero fue rechazadas por el Movimiento Cinco Estrellas.
La iniciativa surgió tras la petición de “apoyo técnico y naval” para patrullar el Mediterráneo que el jefe del Gobierno libio de Unidad Nacional, Fayed al Serraj, que controla Trípoli y apoyado por Naciones Unidas, envió a Gentiloni el pasado 23 de julio.
La ministra italiana de Defensa, Roberta Pinotti, explicó el martes ante una comisión parlamentaria que la misión consistirá en un “apoyo logístico, técnico y operativo a las autoridades navales libias, acompañándolas en actividades conjuntas y coordinadas”.
La operación, que se desarrollará hasta el 31 de diciembre frente a Trípoli, prevé el envío de una patrullera y otra embarcación con aparatos logísticos para reparar barcos de la Guardia Costera Libia, aunque no se ha descartado mandar en el futuro otros medios navales.
La ministra destacó que, en base al derecho internacional, en caso de un enfrentamiento con las mafias que trafican con seres humanos, la defensa de los militares italianos “será lícita”, pero siempre garantizando el principio de la fuerza proporcional.
Inmediatamente después de que el Parlamento diera luz verde a la misión, el Estado Mayor de la Defensa anunció que su barco “Comandante Borsini” había accedido a aguas territoriales libias para proceder a tareas de reconocimiento previas al envío de los otros buques.
Diversas organizaciones han criticado la decisión de Roma de patrullar las aguas libias, entre ellas Oxfam, que en un comunicado consideró que ello conlleva el riesgo de dejar atrapados a los inmigrantes “en un infierno al otro lado del mar”.
Según esta asociación, el 84 % de los inmigrantes que ha entrevistado a su llegada a Italia en el último año ha declarado que sufrió en el país magrebí “abusos, torturas y detenciones ilegales por parte de las milicias locales, los traficantes y las bandas”.
También Human Rights Watch (HRW) alertó en una nota de que esta misión “podría implicar a Italia en abusos de los derechos humanos de los inmigrantes” detenidos en Libia, país que carece de un sistema de acogida y que penaliza la entrada ilegal.
Su directora para Europa y Asia central, Judith Sunderland, advirtió de que el despliegue de la Armada italiana, “tras años salvando vidas en el mar”, podría “efectivamente conducir a detenciones arbitrarias de personas bajo condiciones de abuso”.
En cualquier caso, el objetivo es ayudar a las autoridades locales a combatir a las redes de tráfico de personas que campan por el descontrolado litoral de Libia, desde donde zarpó el 97 % de los 95.215 inmigrantes que llegaron a Italia en lo que va de año.
Un elevado flujo migratorio a través del Mediterráneo central que ayer, por primera vez en 2017, se mostró a la baja: de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, hasta el mismo día de 2016 habían llegado a las costas italianas 97.892 personas, un 2,73 % más que este año.
Los inmigrantes son interceptados a la deriva y salvados en muchas ocasiones por unas organizaciones humanitarias a las que Italia ha propuesto un código de conducta, secundado por la Unión Europea (UE), con una serie de normas para regular sus operaciones.
Las autoridades italianas confiscaron esta madrugada local el barco “Iuventa”, de la ONG alemana Jugend Rettet, y, tras hacerlo atracar en el puerto de la isla de Lampedusa, la organización fue acusada de favorecer la inmigración clandestina.
El fiscal de Trapani (sur de Italia), Ambrogio Cartosio, explicó en rueda de prensa que hay “graves indicios” de contactos entre la tripulación y los traficantes de personas al menos en tres ocasiones: el 10 de septiembre de 2016 y el 18 y el 26 de junio de 2017.
La Fiscalía, dijo, ha podido comprobar cómo los traficantes de seres humanos escoltaban a inmigrantes a través de las aguas libias y los “entregaban” a la tripulación del barco de la ONG alemana.
Sin embargo, Cartosio descartó por el momento la posibilidad de “una colaboración estable entre el barco y los traficantes libios”, pues, apuntó, “los fines de ambas partes son bien distintas”.
La investigación de estos supuestos hechos sigue abierta y por el momento la Fiscalía no ha imputado a ningún miembro de la tripulación, aunque la embarcación seguirá confiscada en el puerto de Lampedusa.
