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“Presos políticos” venezolanos cumplen dos días amotinados y sin respuesta

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CARACAS. La revuelta de un grupo de los considerados presos políticos venezolanos completó hoy su segundo día sin respuesta por parte de las autoridades, a las que exigen justicia y atender sus denuncias sobre presuntos malos tratos.

Varios abogados solicitaron el establecimiento de una mesa técnica con las autoridades para atender la situación que se vive en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el oeste de Caracas y de la que se ha enterado el país a través de múltiples videos difundidos en las redes sociales.

La mesa técnica “debe estar conformada por la Iglesia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y una representación de la defensa” de familiares y de los presos, dijo el abogado Alonso Medina Roa a periodistas desde las afueras del Sebin.

Por su parte, el abogado Omar Mora Tosta manifestó que en distintas oportunidades han solicitado información sin obtener respuesta.

Hay que “solventar esta situación de manera pacífica y que no haya ninguna desgracia porque hay el temor de que ingresen a la fuerza cuerpos, comandos (de seguridad) dentro de los calabozos y se produzca una masacre allí adentro”, agregó.

Los “presos políticos” que allí se encuentran exigen ser liberados y recordaron que incluso hay quienes ya tienen boleta de excarcelación y no les han permitido salir, y que al menos cuatro menores de edad se encuentran privados de libertad en esos calabozos, según el Foro Penal.

Aunque el fiscal general, Tarek Saab, indicó a través de Twitter que una comisión de su despacho asistió a la sede del Sebin para atender la situación y resolvió el traslado de 72 reclusos, los familiares de los presos aseguran que aún no se les ha dado información.

“Los reclusos objeto de los respectivos traslados están siendo revisados por el equipo médico de nuestra institución en presencia de fiscales de #DDHH para su debida llegada a los nuevos penales que se concretará en las próximas horas”, informó Saab.

El exconcejal José Vicente García, uno de los considerados presos políticos que participa en la protesta, dice en un video difundido hoy que agentes habían sacado a “presos comunes” de los calabozos pero que desconocía mayores detalles.

En las redes sociales circula una lista de 16 personas que supuestamente se encuentran en el Sebin y que tendrían boletas de excarcelación que, según organizaciones de derechos humanos, no respetan los directivos de estos calabozos.

Los presos, que han pedido ayuda a la iglesia católica y a organismos internacionales, solicitan también atención médica y ser separados de los reos comunes.

ntre los reclusos también figura el ciudadano estadounidense Joshua Holt, que se trasladó a Venezuela a mediados de 2016 para casarse con una venezolana a la que había conocido por internet.

La Embajada de EE.UU. en Venezuela ha manifestado su preocupación por lo sucedido y el encargado de negocios, Todd Robinson, acudió a la sede de la Cancillería en el país para pedir información sin tener éxito.

“Hasta ahora no hemos recibido nada, ninguna comunicación ni escrita ni verbal, vamos a tratar de comunicarnos con la Cancillería (…) es la responsabilidad del Gobierno asegurar la seguridad de ellos, el Gobierno no está tomando su responsabilidad”, dijo hoy Robinson a periodistas.

El diplomático estadounidense insistió en que no se trata de un “show”, como ha dicho el dirigente chavista Diosdado Cabello, sino que son “seres humanos en peligro en una cárcel venezolana”, algo, subrayó, “muy serio”.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se solidarizó con los manifestantes y trasladó hasta la sede policial a un grupo de sus dirigentes pues consideran que la integridad física de los reclusos “está en peligro”.

La diputada opositora Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, reiteró desde las cercanías del Sebin que las exigencias de los manifestantes son la “libertad, el respeto al debido proceso, que se traslade a tribunales aquellos que tienen órdenes para hacerlo y a hospitales” a quienes tienen problemas de salud.

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